Colectivo plurinacional dedicado a la defensa de los salares y humedales andinos en Chile, Argentina y Bolivia desde el diálogo de saberes y el buen vivir
La idea de realizar esta publicación llevaba un tiempo dando vueltas al interior del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), colectivo que congrega a representantes de pueblos originarios, activistas ambientales e investigadorxs en torno a la protección de los salares andinos, ecosistemas únicos y frágiles amenazados por el avance de la minería de litio y otras formas de extractivismo minero en la vasta Puna de Atacama. Su conformación original nace del Colectivo Chañar de Acción Socioambiental, agrupación que nació en 2015, en San Pedro de Atacama, y que congregó a habitantes diversos de San Pedro, preocupadxs por la expansión silenciosa de este tipo de mineríaa en respuesta a la creciente demanda internacional para el mercado de los autos eléctricos. A partir de esta misma colectividad también nació la Fundación Tantí (“Semilla” en lengua kunza) (1), pequeña ONG local que surge de la necesidad de pensar alternativas al modelo extractivista desde la praxis, creando espacios para la promoción de la agroecología, la economía solidaria y la sensibilización sobre las problemáticas ambientales del territorio, en un contexto marcado por las tensiones derivadas no sólo de la expansión minera, sino también de los impactos de un turismo masivo y la explosión demográfica como una de sus consecuencias mas directas. El Observatorio Plurinacional de Salares Andinos comparte sus preocupaciones y estrategias de acci.n con un n.mero creciente de individuos y organizaciones que ven en el avance de la minería – justificada por la transición energética – una amenaza directa para la vida de las comunidades y ecosistemas que dependen de los salares y humedales altoandinos. Desde esa realidad, el Observatorio pone igualmente en evidencia las profundas contradicciones que subyacen a los discursos e iniciativas que, a nivel nacional y global, promueven la descarbonización de las sociedades industriales – las principales responsables del cambio clim.tico – a costa del despojo y la degradación ambiental en territorios indígenas y rurales del Sur Global.
Con la llegada de la pandemia a Latinoamérica, lxs habitantes de los salares andinos no tardaron en ser alcanzadxs por el virus y las consecuencias del confinamiento. Las localidades y comunidades más afectadas coincidieron con aquellas más expuestas a un extractivismo que, con la venia de los gobiernos respectivos, nunca estuvo en cuarentena. En la región del mal llamado triángulo del litio, regiones como Antofagasta, en Chile, y las provincias de Jujuy y Catamarca, en Argentina, pasaron por períodos de alta incidencia del virus, con profundas consecuencias sociales, económicas y emocionales para sus habitantes. Frente al cuestionamiento de cómo seguir existiendo como colectivo, y a pesar de las barreras geográficas y tecnológicas, surge la idea de transformar el escenario del confinamiento en la oportunidad de sumar fuerzas para – a través de una verdadera minga virtual – realizar una recopilación de testimonios y artículos breves, escritos a partir de los tres seminarios organizados por miembrxs del OPSAL durante 2019, así como de los eventos que tuvieron lugar en el contexto de la Cumbre Social por la Acción Climática, evento organizado en respuesta a la COP25, que se realizaría el mismo año en Santiago.
El objetivo fue el de elaborar una publicación concebida como una ‘ecología de saberes, un espacio concreto para la promoción de la interacción de conocimientos científicos y no científicos sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo (2). En ese sentido, se buscó conjugar- en la forma mas libre posible- las diversas perspectivas que hace un tiempo conversan al interior del OPSAL y que van desde la cosmovisión indígena y la vida en los salares, a la protección de su biodiversidad, las consecuencias del extractivismo minero y la propia transición energética que, paradójicamente, se encuentra detrás de la explosión del extractivismo en estos ecosistemas.
Durante la recopilación de las contribuciones se optó por conservar al máximo los trabajos originales de lxs autorxs. Trabajar en esta publicación, incorporando métodos de escritura colaborativa en algunos casos, contribuyó al fortalecimiento de esta red de solidaridad transfronteriza, demostrando que otras formas de acercarnos al conocimiento son posibles y más que nunca necesarias frente a la compleja realidad de los territorios que se enfrentan al extractivismo verde. Si bien esta publicación está concebida desde la diversidad, los artículos y ensayos se presentan en secciones más o menos temáticas, con el sólo fin de orientar a lxs lectorxs, pues creemos que las reflexiones y análisis compartidos no sólo se complementan sino que están profundamente interconectados, constituyendo una manifestación de la orgánica rizomática del colectivo.
En abierta crítica a los discursos del ‘crecimiento verde’ como paradigmas dominantes de la transición energética corporativa, este trabajo colectivo dialoga con otras iniciativas y redes que se tejen en la búsqueda de salidas a las crisis desde las transformaciones profundas, de Sur a Norte. La elaboración de este libro – y la producción el documental del mismo nombre – representan el esfuerzo de defensorxs del territorio, activistas, y académicxs comprometidxs por ampliar las voces y perspectivas que se encuentran usualmente marginadas de los debates académicos y políticos, situándolas en las luchas globales por la justicia climática de base popular. Sobre todo, es un llamado para unirse a la cruzada por la vida humana y no-humana de los salares andinos, y que, en medio de una crisis múltiple, reafirma su existencia, trascendiendo nuevas formas, espacios y fronteras.
Dicho esto, la invitación es a conocer los salares andinos a través de quienes los habitan,los estudian, los aman y los defienden; a comprender qué es lo que está en juego cuando hablamos de su sacrificio, y por qué su protección es más necesaria y urgente que nunca.
A través de la presente manifestamos nuestra preocupación por el grave deterioro socioambiental que los salares y humedales altoandinos han sufrido como consecuencia de la explotación de sus aguas para uso de las minerías metálica y no metálica, tanto en Chile como en toda la Puna de Atacama (Argentina y Bolivia); específicamente en la zona bautizada como el triángulo del litio. Esta denominación es un incentivo a la sobrexplotación de este mineral en los salares como commodity estratégico para una transición energética “verde”, cuyos costos ambientales y sociales perpetúan la histórica huella del extractivismo en territorios indígenas andinos.
A la luz de las continuas irregularidades cometidas por empresas extractivas y de la incapacidad del Estado para fiscalizar y sancionar oportunamente las mismas, nosotros y nosotras, desde nuestras comunidades y territorios, universidades y ONG’s, vemos con inquietud la ausencia de un resguardo efectivo de los salares y humedales altoandinos en tanto que ecosistemas fundamentales para la vida humana y no humana, vulnerables a los efectos del cambio climático y a los impactos irreparables del extractivismo minero.
A la constatación de las faltas graves cometidas en por la gigante del litio SQM, y que llevaron a la Superintendencia del Medio Ambiente SMA a abrir un proceso sancionatorio que aún se encuentra abierto, se suma el hecho de que el otorgamiento de cuotas adicionales de salmuera por vía de las RCA 226/2006 (SQM) y RCA 21/2016 (Albemarle/Rockwood Lithium), haya sido realizada sin un conocimiento suficiente de la hidrología del Salar de Atacama (Chile); sin consulta indígena previa, libre e informada; y bajo el supuesto de que la salmuera (agua con sal) del salar no es agua. Junto a ello, la sobre-extracción de agua dulce de los acuíferos del salar durante 15 años por parte de Minera Escondida (BHP) se suma al daño permanente provocado por la misma empresa durante 27 años de extracción de agua del vecino Salar de Punta Negra, razón por la cual el Primer Tribunal Ambiental recientemente acogió a trámite la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado.
En este contexto, manifestamos nuestro total apoyo a los argumentos expuestos en numerosas instancias por diversos representantes del pueblo atacameño/Lickanantay en tanto que sus derechos no han sido respetados y que los daños ambientales tienen en un franco peligro de agotamiento socioambiental e hídrico al Salar de Atacama. Nos parece importante que, como declara el Consejo de Pueblos Atacameños, se tomen las medidas más severas contenidas en la Ley Orgánica de la SMA. En específico, la facultad que le entrega el Artículo 3 letra H de “Suspender transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, para el resguardo del medio ambiente, cuando la ejecución u operación de los proyectos o actividades, genere efectos no previstos en la evaluación y como consecuencia de ello se pueda generar un daño inminente y grave para el medio ambiente”; y las sanciones contempladas en el Artículo 39 “La sanción que corresponda aplicar a cada infracción se determinará, según su gravedad, dentro de los siguientes rangos: a) Las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales. b) Las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta cinco mil unidades tributarias anuales”.
Tal como lo reconoce la propia SMA en oficio fechado 14 de agosto, en el Salar de Atacama se hacen necesarias medidas que tomen en cuenta en forma agregada las actividades de los cuatro megaproyectos que aquí operan: SQM, Albemarle, Minera Escondida y Minera Zaldívar (Antofagasta Minerals/Barrick). Así mismo, es necesaria una participación vinculante de la sociedad civil, especialmente de las comunidades atacameñas o lickanantay, considerar la vulnerabilidad climática de las comunidades y la biodiversidad, y hacer valer los diversos regímenes de protección presentes en la cuenca: Reserva Nacional Los Flamencos, Santuarios de la Naturaleza Laguna Tebenquiche y Sitio Ramsar Sistema Hidrológico de Soncor. Por ello hacemos un llamado a que el Estado y sus organismos prioricen el resguardo socioambiental y etnocultural de los salares por sobre la carrera extractiva de commodities a bajo costo para el mercado de la electromovilidad individual, y pedimos a las autoridades pertinentes:
Reconocer la función vital del agua en los salares, de acuerdo al conocimiento científico disponible, la ciencia y cosmovisión indígenas.
Que sean tomadas en cuenta las recomendaciones contenidas en los documentos “Informe de la Comisión Especial Investigadora de los Actos de los Organismos Públicos Competentes, Encargados de la Fiscalización y Protección de Glaciares, Cuencas Hidrográficas y Salares de Chile” y “Conclusiones Comisión Investigadora de la Participación de Organismos Públicos en la Exploración, Procesamiento, Explotación, Exportación y Transporte de litio, así como de las Características del Contrato Suscrito entre Corfo y SQM”, especialmente en lo que respecta el resguardo ambiental del Salar de Atacama y los contratos con las empresas del litio SQM y Albemarle. .
Conformación una mesa transdisciplinar, multisectorial y plurinacional para una Política Nacional del Litio y Gestión Integrada de los Salares y para reemplazar al Comité de Minería no Metálica que fuera eliminado por el gobierno de Sebastián Piñera en 2019; entendiendo que estas cuencas están habitadas por los pueblos atacameño o lickanantay, colla, aymara y quechua; y que la minería de litio busca extenderse al Salar de Aguas Calientes, Salar de Maricunga, Salar de Pedernales, Salar de Coipasa, Salar de Huasco, Salar de Ollagüe, Salar de Ascotán, entre muchos otros dentro del territorio nacional.
Reconocer la vulnerabilidad al cambio climático de los pueblos andinos y la complejidad de las cuencas, integrando dichos elementos a la Ley de Cambio Climático y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) con el fin de propiciar una reactivación económica y una transición energética donde se reconozcan los límites de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo minero, especialmente del cobre y del litio, así como el valor intrínseco de los ecosistemas asociados a los salares y humedales altoandinos.
Las y los firmantes,
Chile
Observatorio Plurinacional de Salares Andinos
ONG Ecosistemas
Viernes por el Futuro / Fridays for Future Chile
Agrupación “Colectiva Perras Danza”
Andrea Hirmas
Armando Caroca
Bárbara Jerez Henríquez- Dra en Estudios Latinoamericanos. Observatorio Plurinacional de Salares Andinos – OPSAL
Bernardita Lira
Christopher Ramirez Lazo
Corporación Nuna Ckoi
Cristina Dorador
David Ordenes
Dr. Jorge Rabanal Arabach
Fernanda Kalazich
Felipe Cortés
Fundación Mingako
Fernando alfaro barahona
Franjo Arenas Díaz
Fundación Patrimonio Desierto de Atacama
Gonzalo Gutierrez, Universidad de Chile
Gustavo Chiang
Héctor Maturana
Jacqueline Quintana M, Universidad de Atacama, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos
Luis Apablaza Cisternas
Macarena Espinosa
Marcelo Orellana
Maria-Jose Lagos-Serrano
ONG Atacama somos todos
ONG FIMA
Pablo Pérez
Patricia cruz
Paulina Bahamonde
Pedro Echeveste
Robinson Torres Salinas, Universidad de Concepción
Sandra Álvarez
Sociedad Civil por la Acción Climática SCAC Antofagasta
Sofía Navas
Soledad Tapia
Susana Álvarez Varas
Tupac Amaru
Freddy Viñales
Camilo Sanzana
Ivo Vukusich – Fuerza Ecologista Ciudadana
Roberto Segura Ramírez
Verde Nativo
ONG WE KIMUN
Alexander Panez – Investigador de la Universidad del Bio-Bio
Cristian Cáceres Bahamondes, Ingeniero Ambiental
David ordenes
Francisca Oliva
Jessica Rupayan
Nuriluz Hermosilla
Leyla Noriega Zegarra, periodista aymara
Radio Ayni
ONG AKA PACHA
Roberto Trincado
Eleonora Moreno
Haylen Chang Cutipa
Fuerza Ecologista y Ciudadana – FEC
Karla Retamal
Fundacion Chile Sustentable
Paola Bolados García
Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi-Quintero
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Patricio Véjar Mercado
Michelle de Saint Pierre, Universidad de Chile
Héctor Maturana
Sandra Honores Mamani
Amuillang Sabiduria Ancestral
Alejandra Millán La Rivera
Antonia Sáez
Viviana Rodríguez
Octavio Ignacio Arros González
Nicolás Suazo
Comunidad del Buen Vivir
Alejandro Pozo Araya
Jaime Saavedra Guiñez
Pemuco Sin Termoeléctricas
Cristopher Garrido Saavedra
Nancy Saavedra Guiñez
Toño Terán
Mujeres en Resistencia
Daniela Rodeígiez Maluenda
Marta Aravena
ONG Sustentarse
Matías padilla
Andrea Alvarez Diaz
Ingrid Garcés Millas – Universidad de Antofagasta, OPSAL
Ma. Barbara Iturriaga G.
Alfonso Labra
Gonzalo Gajardo, Universidad de los Lagos Lagos
Karina Riquelme Pino
Matilde López Muñoz. Universidad de Chile
Susana Gatica
Pedro Cáceres aguilera
Mauricio Lorca
Tomas Sepúlveda
Gladys Hernández
Maribel Méndez Gómez
Colegio de TT.Sociales de Chile
Lucia Brandner Ortiz
Daniel Melo Jara
Carlos Guerra-Correa
Juan Antonio Munizaga Plaza/UCN Coquimbo
Irma Perez Llanquin
Alfredo García Carmona – Universidad de Atacama
Juan Pablo Mardones
Patricio Neumann – Universidad del Bío-Bío y Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería
Corporación El Canelo de Nos
CODEFF
Centro Ecosocial Latinoamericano
Vera Scholz
Ecorestaura
Max Sepúlveda
Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo
Luz Villarroel
Gonzalo Villouta Stengl
José Aylwin
Hugo Gutiérrez Tarifeño
Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe RAMALC
Denise Dutrey
Cota6000 Expediciones EIRL
Jorge Jerez González
Raquel Hofmann
Carmen Soto
Fundación Plantae
Mariana Bruning González – Centro ProSus
Pablo
Pablo tapia
Luis Nicolás Collantes Rozas
ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL, Antofagasta
Colibrí Eco-Social, Antofagasta
Gerardo Farias
Alejandro Muñoz Escobar
Alexis Trigo
Erika Muñoz – ONG Atacama Somos Todos
Rodrigo Ibarra
David pasten yañez
Centinela Ambiental Tongoy
Bernardita Araya Blanco
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Nicole Vivanco – Fundación Tantí
Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales A.G.
Luciano Díaz Orellana – Fundación Tantí
Juan Uribe Bello
Adriana Aránguiz Acuña
Claudio Azat
Estefanía González, Greenpeace en Chile
Fundación Tantí
Isabel Godoy – Comunidad Indigena Kolla Flora Normilla
Martin Muñoz
Violeta flores
Rodrigo González Universidad de Magallanes
Delfín Alfaro Suárez
Sussy Tapia Vicencio
Brenda Fernández Cortés
Elena Rivera Cardozo – Comunidad Colla de la Comuna de Copiapó, OPSAL
Hiermit drücken wir unsere Besorgnis über die gravierende sozio-ökologische Verschlechterung der hochandinen Salzebenen und Feuchtgebiete aus, die sie infolge der Ausbeutung ihrer Gewässer für die Nutzung im Bergbau sowohl in Chile als auch in der gesamten Puna de Atacama (Argentinien und Bolivien) erlitten haben; insbesondere in dem als Lithium-Dreieck bekannten Gebiet. Dieser Name allein ist bereits ein Anreiz für die Übernutzung dieses Minerals in den Salzebenen als strategischer Rohstoff für eine “grüne” Energiewende, deren ökologische und soziale Kosten den historischen Fußabdruck des Extraktivismus in den indigenen Andengebieten fortsetzen.
Angesichts der fortwährenden Verstöße von Bergbauunternehmen und der Unfähigkeit des chilenischen Staates, diese angemessen zu kontrollieren und zu sanktionieren, sind wir von unseren Gemeinden und Territorien, Universitäten und NGOs besorgt über das Fehlen eines wirksamen Schutzes der hochandinen Salzebenen und Feuchtgebiete – grundlegende Ökosysteme für menschliches und nichtmenschliches Leben, die anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels und die irreparablen Folgen des Bergbau-Extraktivismus sind.
Zusätzlich zu den schweren Vergehen des Lithium-Giganten SQM, die die Umweltaufsichtsbehörde (SMA) dazu veranlassten, ein aktuell noch laufendes Sanktionsverfahren einzuleiten, erfolgte die Gewährung zusätzlicher Extraktionsquoten von Sole in Form der Umweltgenehmigungen RCA 226/2006 (SQM) und RCA 21/2016 (Albemarle/Rockwood Lithium) ohne ausreichende Kenntnisse der Hydrologie des Salar de Atacamas (Chile); ohne freie, vorherige und informierte Konsultation der indigenen Bevölkerung; und unter der Annahme, dass die Sole (Wasser mit Salz) des Salars kein Wasser ist. Darüber hinaus reiht sich die übermäßige Entnahme von Süßwasser aus den Grundwasservorkommen der Salzebenen durch Minera Escondida (BHP Billiton) über 15 Jahren hinweg zu den dauerhaften Schäden hinzu, die dasselbe Unternehmen in den 27 Jahren der Wasserentnahme aus dem benachbarten Salar de Punta Negra verursacht hat. So akzeptierte der Erste Umweltgerichtshof kürzlich eine vom Staatlichen Verteidigungsrat, zuständig für die juristische Verteidigung öffentlicher Einrichtungen, eingereichte Klage.
In diesem Zusammenhang drücken wir unsere volle Unterstützung für die Argumente aus, die in zahlreichen Fällen von verschiedenen Vertretern des Volkes der Atacameños/Lickanantay vorgebracht wurden, dahingehend dass ihre Rechte nicht respektiert wurden und dass die Umweltschäden am Salar de Atacama eindeutig die Gefahr einer sozio-ökologischen und hydrologischen Erschöpfung darstellen. Wir halten es für wichtig, dass, wie der Rat der Atacameños Völker erklärt, die strengsten Maßnahmen ergriffen werden, die im Verfassungsgesetz der SMA enthalten sind. Insbesondere die in Artikel 3 Buchstabe H gegebene Befugnis, “die in den Beschlüssen über die Umweltgenehmigungen enthaltenen Betriebsgenehmigungen zeitweilig auszusetzen oder andere dringende und vorübergehende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu ergreifen, wenn die Durchführung oder der Betrieb von Projekten oder Tätigkeiten Auswirkungen hat, die in der Prüfung nicht berücksichtigt/vorhergesehen wurden, und infolgedessen unmittelbarer und ernsthafter Schaden für die Umwelt entstehen kann”; und die in Artikel 39 vorgesehenen Sanktionen: “Die entsprechende Sanktion, die auf jeden Verstoß anzuwenden ist, wird je nach Schwere des Verstoßes innerhalb der folgenden Bandbreiten festgelegt: a) Sehr schwerwiegende Verstöße können den Widerruf des Beschlusses über die Umweltgenehmigung (RCA), die Schließung oder eine Geldstrafe von bis zu zehntausend jährlichen Steuereinheiten zur Folge haben. b) Schwerwiegende Verstöße können den Widerruf des Beschlusses über die Umweltgenehmigung (RCA), die Schließung oder eine Geldbuße von bis zu fünftausend jährlichen Steuereinheiten zur Folge haben.”
Wie von der SMA selbst in einem offiziellen Schreiben vom 14. August eingeräumt wurde, sind im Salar de Atacama Maßnahmen erforderlich, die die Aktivitäten der vier dort operierenden Megaprojekte im Gesamten in Augenschein nehmen: SQM, Albemarle, Minera Escondida und Minera Zaldívar (Antofagasta Minerals/Barrick). Ebenso ist eine verbindliche Beteiligung der Zivilgesellschaft, insbesondere der Atacama- oder Lickanantay-Gemeinden, erforderlich, um die klimatische Vulnerabilität der Gemeinden und der Biodiversität zu berücksichtigen und die verschiedenen Schutzregime im Einzugsgebiet tatsächlich geltend zu machen: das Nationalreservat Los Flamencos, das Naturschutzgebiet Laguna Tebenquiche und das Wassersystem von Soncor (Ramsar Gebiet). Wir fordern daher den chilenischen Staat und seine Behörden auf, dem sozio-ökologischen und ethnokulturellen Schutz der Salzebenen Vorrang vor dem Wettlauf um die kostengünstige Gewinnung von Rohstoffen für den Markt der Individual-Elektromobilität einzuräumen, und wir fordern die zuständigen Behörden dazu auf:
die lebenswichtige Funktion von Wasser in den Salzebenen auf Basis sowohl der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch der indigenen Wissenschaft und Kosmovision anzuerkennen.
die in den Dokumenten “Bericht der Sonderuntersuchungskommission über die Handlungen der für die Inspektion und den Schutz von Gletschern, Wassereinzugsgebieten und Salzebenen in Chile zuständigen öffentlichen Stellen” und “Schlussfolgerungen der Untersuchungskommission über die Beteiligung öffentlicher Stellen an der Exploration, Verarbeitung, Abbau, Export und Transport von Lithium sowie die Inhalte des zwischen Corfo und SQM unterzeichneten Vertrags” enthaltenen Empfehlungen zu berücksichtigen, insbesondere in Hinblick auf den Umweltschutz des Salar de Atacamas und die Verträge mit den Lithiumunternehmen SQM und Albemarle.
einen transdisziplinären, multisektoriellen und plurinationalen Runden Tisch für eine nationale Lithium-Politik und ein integriertes Management der Salzebenen als Ersatz für den Ausschuss für den nichtmetallischen Bergbau, der 2019 von der Regierung Sebastián Piñera abgeschafft wurde, zu bilden; in der Erkenntnis, dass diese Wassereinzugsgebiete von den Atacameños oder Lickanantay, Colla, Aymara und Quechua bewohnt werden und dass sich der Lithiumabbau auf den Salar de Aguas Calientes, Salar de Maricunga, Salar de Pedernales, Salar de Coipasa, Salar de Huasco, Salar de Ollagüe, Salar de Ascotán und viele andere innerhalb des Staatsgebiets ausweiten soll.
die Vulnerabilität der Andenvölker gegenüber dem Klimawandel und die Komplexität der Wassereinzugsgebiete anzuerkennen und diese Elemente in das Klimaschutzgesetz und die Pläne zu den national festgelegten Beiträgen zum Übereinkommen von Paris (NDC) zu integrieren, um die Reaktivierung einer Wirtschaftsweise und eine Energiewende zu ermöglichen, die die Grenzen eines auf Bergbau-Extraktivismus, insbesondere von Kupfer und Lithium, basierenden Entwicklungsmodells sowie den inneren Wert der Ökosysteme, die mit den hochandinen Salzebenen und Feuchtgebieten verbunden sind, anerkennen.
Die Unterzeichner*innen
Originalveröffentlichung (in Spanisch) mit Unterschriften:
Nearly eight months after the popular uprising in Chile and in the midst of a pandemic which has brutally hit the most vulnerable sectors of society, it is almost surreal to imagine that as recently as December of last year, Santiago de Chile was to host COP25. However, following overwhelming state repression against popular protests, the Chilean government decided that the conditions were not right and the unresolved challenges of the Paris Accords were finally discussed in Madrid. Among them, an energy transition where electromobility plays a central role, despite the fact that its socio environmental impacts – especially those linked to mining – deeply contradict the principles of what many understand as environmental justice. During the closing of its participation in the plenary session, the Spanish movement Ecologistas en Acción shed some light on the limitations of the summit with the phrase “This COP has failed people and planet. Power to the people, climate justice”.
In Chile, thanks to the collective efforts of various sectors of civil society and despite the difficult political climate, a series of parallel events took place which created space to reflect on the socio-environmental crisis and make visible the flipside of “development”. Among these organizations was the Plurinational Observatory of Andean Salt Flats, a group born several years ago in San Pedro de Atacama that today brings together representatives of communities, organizations and researchers from Chile, Argentina and Bolivia, concerned about the consequences of the intensification and expansion of lithium extraction in the triangle of the Andean salt flats (baptized by the mining industry as the lithium triangle). To satisfy the growing market for electric cars, the already over-exploited Salar de Atacama will not be enough, and it will be necessary to extract from more aquifers and salt flats, with an apparent disregard as to whether they are in indigenous territories (Atacameños or Lickanantay, Colla, Quechua and Aymara) or whether they impact protected areas such as the Laguna Tebenquiche or the Maricunga and Coipasa salt flats.
The problem, beyond the deficiencies inherent in the primary-exporter model that prevails in the country and the region, is that Chilean lithium is obtained by pumping brine from hypersaline aquifers which is concentrated by means of an evaporation process until reaching the optimum point for obtaining lithium carbonate. The concentration of the brines and the extremely arid conditions of the Salar de Atacama are the main comparative advantages relative to neighboring countries, which together with a legal framework that allows these aquifers not to be legally treated as groundwater, has allowed for decades of low-cost extraction. This last point has been particularly beneficial to companies in obtaining brine extraction permits as part of their expansion plans. But the categorization of brine as not water has also served to invisibilize the impacts of this water-based extraction on the balance of the water basin. Without going any further, just a few days ago the President of the US-based transnational Albemarle (formerly Rockwood Lithium) said in an international webinar “Atacama’s brine is ten times more saline than seawater (…) in fact, it has no other use than as a resource, as a mineral”.
I have spoken at length with very knowledgeable people in the salt flats and with several technical experts who would not agree with that statement. Could it be that what is essential for life is just invisible to the eyes of those whose mission is to maximize the profits of a transnational company based in North Carolina? Cases of the dispossession of common goods for the benefit of transnationals and countries of the Global North abound, but to be told what is water and what is not, is a novel kind of imperialism. The question is not whether the brine is water or not, which is where the corporations are trying to lead the conversation; but rather the question is why Chile lacks a legal framework that effectively protects and regulates these ecosystems and watersheds (sanctioning processes such as the one applied to SQM, if they achieve anything, they do not repair environmental damage); or why there is not independent nor sufficient knowledge about the functioning of the salt flats as complex ecosystems, for example: the role of the microorganisms in the brine which are at the base of the food chain, the vulnerable species that inhabit the salt flats, the role of wetlands in climate regulation, and of course the value they have for local communities and economies.
Global pressure, amplified by the initiatives of Global North countries, transnationals and international organizations, respond to new strategies to achieve mining security and an eco-extractivist consensus in which climate-smart miningis the latest development. Hand-in-hand with the geopolitical implications that may accompany this process, the expansion of lithium mining triggers and deepens unwanted transformations in the indigenous and rural contexts of the Puna de Atacama, which are often relativized, or simply made invisible. This is why, from community organizations, socio-environmental movements and from critically-positioned research against a hegemonic development model based on dispossession, exploitation of workers and the destruction of nature, we believe that if this is the cost of the “transition” of the Paris Agreements and the Sustainable Development Goals, we may be headed in the wrong direction.
This in no case should be understood as a call to continue the dependency on fossil fuels nor should it push us towards the false dichotomy “electromobility versus continuing to pollute forever”. On the contrary, it is an opportunity to bring us further. While in Chile we do our humble part in global emissions reduction, we have the ability to look beyond extractivism and individual solutions for privileged minorities. If we ask ourselves who is responsible for these crises and who suffer the worst consequences, it becomes clear who should not be called upon to solve them for us. Instead, we would invite you to think through these processes from the local level too, to dialogue with proposals such as the Ecosocial Deal from the Global South, which promotes a process of decolonization and democratization of the transition. This vision would allow us to value communities and ecosystems, not as sources of mineral resources, but rather for the wealth of their communal knowledge and biodiversity, thinking of the regeneration of our relationship with water and nature as the starting point for a different transition.
Putana, Lickancabur and Juriques Volcanoes from Tebenquiche Lagoon, Atacama Salt Flat (Ph: Ramón Morales Balcázar)
A raíz del artículo titulado “En Peine celebran cese de extracción de Escondida en Acuífero de Monturaqui”, publicado por el medio digital “Termómetro“, el 7 de enero 7, 2020 (1), y como ya hemos comentado a través de las redes sociales del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos – OPSAL, nos parece pertinente enfatizar el hecho de que Minera Escondida, controlada mayoritariamente por BHP Billiton (Australia), estaría en realidad sólo cumpliendo con lo que según la RCA (2) le es extrictamente obligatorio; en palabras simples, se le acabó el permiso para la extracción de agua de dicho acuífero, ubicado en territorios ancestrales de la Comunidad de Peine al sur del Salar de Atacama.
Lo que llama la atención es que si bien la nota habla de que la empresa “accedió” a que comuner@s constataran el cierre de los pozos en compañía de un notario, la minera se encuentra tramitando, simultáneamente, la extensión del permiso de extracción de agua – vía Estudio de Impacto Ambiental, desde el mismo acuífero. Respecto a esto y aunque la intención de la empresa es de extraer menos agua (dulce) – 412 litros por segundo, a diferencia de los 1400 litros por segundo actuales – como parte de su nueva “Estrategia Hídrica”, debemos recordar – y tal como señala el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños en la misma nota – que estos acuíferos ya se encuentran agotados por años de sobreexplotación, y que el Salar de Atacama se encuentra en un grave, y posiblemente irreversible, estado de deterioro (3).
Otro punto que a nuestro juicio merece mayor atención, es el anuncio que realiza la transnacional respecto a la disminución del uso de agua dulce, gracias a la desalinización del agua de mar. Es decir, las operaciones extractivas de la empresa – con emisiones de CO2 y contaminación asociadas – siguen intactas, y los impactos por el uso de agua serán transferidos gradualmente a los ecosistemas costeros de la región. Este método ya ha demostrado ser altamente dañino (4), especialmente en Antofagasta, por lo tanto queda la duda de las características específicas de dicho proceso, y de su real contribución a la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental.
La extracción de agua en la cuenca del Salar de Atacama es producto de las actividades agregadas de Minera Escondida, junto con Minera Zaldívar (5), Albemarle (Ex-Rockwood) y SQM (6) – megamineras de cobre y litio, minerales altamente demandados por el mercado de los vehículos eléctricos y el cuestionable modelo de transición de los Acuerdos de París. Esta empresa, así como las otras operando en este salar, no escatima en esfuerzos tanto para asegurar las condiciones materiales para operar (7)(8) como para la obtención de la licencia social mediante convenios institucionales privados y una fundación dedicada principalmente a la cultura, la cual también otorga fondos concursables a organizaciones de la comuna de San Pedro de Atacama (9).
Más allá de los antecedentes que puedan hacernos cuestionar la real preocupación de la empresa por los impactos socioambientales inherentes a sus actividades en el territorio, la futura extracción de agua del acuífero Monturaqui dependerá de la aprobación – O NO – del Servicio de Evaluación Ambiental, cuyo director ha sido denunciado por el Consejo de Pueblos Atacameños debido a eventuales conflictos de interés (10). En el más optimista de los casos, es de esperar que dicho organismo tome en cuenta la importancia que este acuífero tiene tanto para los sistemas lagunares próximos como para la actividades agropastoriles propias del pueblo atacameño, el cual entendemos será consultado, y que no se repita en el Salar de Atacama el ecocidio que Minera Escondida ya produjo en el cercano Salar de Punta Negra (11) (12) y por el cual, hasta ahora, no se ha hecho responsable.
(2) Minera Escondida Limitada (MEL), cuprífera que opera desde 1998, en el sector sur de la cuenca del Salar de Atacama, bombea 1.400 l/s del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo (MNT), requerimiento de uso industrial. Caudal con aprobación ambiental de la RCA1/97, año 2001.
Los salares son cuencas cerradas donde queda almacenada el agua, donde
a lo largo de miles de años se han concentrado minerales y elementos químicos
que fueron arrastrados por la lluvia desde las laderas montañosas. Entre estos
elementos se encuentra el litio, el cuál es extraído por la empresa Minera del
Altiplano desde el año 1997.
La salmuera es bombeada
mediante perforaciones que generan la difusión de sales superficiales hacia
acuíferos profundos de baja salinidad (contaminación
cruzada). Luego se la expone al sol en grandes piletones para evaporar el
líquido y concentrar los componentes de interés. Se estima que la concentración
de litio en el Salar del Hombre Muerto es de 500 ppm, lo que significa que por cada tonelada de litio extraído se
evaporan alrededor de dos millones de litros de agua.
1 tonelada de litio = 2 millones de litros de agua
La extracción de la salmuera
para obtener litio genera una disminución del nivel de base del agua
subterránea de la cuenca, que produce un descenso
del agua dulce fuera de los bordes de la salina, y la consecuencia más
inmediata es la desaparición de las vegas y lagunas que allí se forman, recurso hídrico esencial de la región,
afectando a las comunidades, el ecosistema, las migraciones de aves y la cría
de camélidos.
En Antofagasta de la Sierra estas consecuencias ya se están viviendo. El río Trapiche, del cual se abasteció de agua la empresa minera por 22 años, ha sido saqueado hasta secarlas vegas de las que viven los puesteros, los cuales sufrieron la muerte de sus animales.
El Proyecto “Acueducto Río Los Patos”
El objetivo del proyecto es la provisión de aguas subterráneas del acuífero del río Los Patos, para la expansión del Proyecto Fénix (Empresa Livent) en el Salar del Hombre Muerto, consecuencia de haber agotado el recurso del río Trapiche. La obra proyectada contaría con seis pozos de bombeo de agua, los que permitirían proveer 650 m3/h del recurso, transportando el caudal a través de un acueducto de al menos 32km hasta la planta.
El Proyecto fue aprobado por
la Dirección de Hidrología y Evaluación
de Recursos Hídricos, con condiciones de permiso precarios y creación de
zona de tutela en 2018.
Con la sentencia Interlocutoria N°398 del 22/11/2018, emitido por el Juez Electoral y de Minas, Raúl Cerda, autoriza a Miera del Altiplano a iniciar los trabajos solicitados.
Según el informe de DIPGAM (Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera), de fecha 29 de marzo de 2019, con referencia 013_2019_EXP5 “Proyecto Acueducto del río Los Patos”, se detallan una seria de observaciones al Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa Minera del Altiplano de los cuales destacan:
Aún con éstas y otras modificaciones que
debía realizar la empresa para encuadrarse en las normativas, el IIA fue
aprobado por el Secretario de Minería,
Rodolfo Micone el día 3 de abril de 2019.
Estas modificaciones no podrían haberse hecho en 5 días, aprobándose una IIA de
forma inapropiada.
El día 24 de mayo de 2019 se aprueba por Decreto provincial el permiso de 2 perforaciones conextracción de 130 m3/h cada uno.
Cabe destacar que en la cuenca del río los
Patos no sólo pretende extraer agua la empresa Minera del Altiplano (Livent), sino que otras empresas, como Galaxy Lithium S.A y Minera Santa Rita
S.R.L. ya gestionan los permisos para sumarse al saqueo del recurso
estratégico AGUA.
El Pueblo de Antofagasta alarmado por la situación de sus territorios decidió organizarse a fines de agosto, efectuándose un corte de ruta para los vehículos de la empresa estadounidense. La medida de fuerza se suspendió luego de varias horas con el acuerdo de que el secretario de minería Rodolfo Micone iría a Antofagasta a explicar la situación. El secretario nunca cumplió con el acuerdo.
El conflicto aún no ha tenido resolución.
El pueblo de Antofagasta sigue firme en
que NO quiere el proyecto del acueducto del río Los Patos. Ya suficientes
impactos se causaron en el río Trapiche, dejando secas a las vegas perjudicando
toda forma de vida de la cuenca.
Desde PUCARÁ
también decimos NO AL ACUEDUCTO DEL RÍO
LOS PATOS. Repudiamos el accionar del Estado y la empresa respecto al
ocultamiento de la información pública, la falta de audiencia pública, la
irreponsabilidad social y ambiental que ha causado daños significativos en el
ambiente y las comunidades originarias de la zona.
Contactos: Instagram: @pucaracatamarca Facebook: Pucará Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación
“Así quedó el paraje de Trapiche en Antofagasta de la Sierra, propiedad de la familia Condorí, a causa del USO IRRACIONAL DEL AGUA por parte de la empresa que extrae Litio, criaban más de 300 llamas y ovejas, ahora solo queda desolación, sequía, contaminación y promesas que en más de 20 AÑOS no se cumplieron. La empresa dijo que creían que estaban haciendo bien las cosas”, señala un posteo realizado por el montañista catamarqueño Aníbal Vásquez.
Gracias al video compartido, y que republicamos en esta nota (ver abajo), podemos conocer el testimonio de Camilo Condorí, quien nos habla de los efectos de 20 años de operaciones extractivas por parte de la firma estadounidense FMC en la sierra catamarqueña : el acaparamiento sistemático de agua en una zona altamente sensible y de gran valor como lo es un humedal. Es decir, el despojo de la fuente de sustento familiar y comunitario llevado al extremo.
La empresa, si bien se ha dedicado históricamente a la producción y comercialización de agrotóxicos en todo el mundo, tiene también una filial dedicada al negocio del litio. Es así que hoy, bajo el nombre de Livent, y pese a denuncias realizadas y documentadas previamente, la multinacional pretende desviar el cauce del Río Los Patos, acrecentando aún mas el daño ya provocado en el territorio.
En este sentido, la comunidad se ha organizado y ha realizado acciones directas como cortes de ruta, teniendo reuniones incluso con autoridades provinciales y representantes de Livent, denunciado un abandono de deberes del Estado Provincial y la no observación del principio de precaución y de prevención en las políticas mineras de la Provincia de Catamarca.
En palabras de la propia comunidad “RIO LOS PATOS NO SE TOCA..! ni LIVENT, ni Sta. Rita, ni Candela y ni toda aquella empresa que pretenda extraer agua dulce del río.”
Como parte del trabajo de vinculación y articulación internacional del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, Ingrid Garcés Millas (Universidad de Antofagasta) y Jorge Muñoz Coca (Agricultor y dirigente ambiental Atacameño) se reunieron y expusieron frente a estudiantes de antropología de la Universidad de Melbourne, Australia, en el marco de la cátedra “Extractive Legacies in Latin America” (Legados Extractivos en América Latina).
El encuentro tuvo lugar en dependencias del Instituto de Arqueología y Antropología de la Universidad Católica del Norte, en San Pedro de Atacama, y tuvo como fin conocer la visión del Observatorio respecto al avance e impactos del llamado “boom del litio” en la Puna de Atacama. Con una mirada crítica tanto desde el punto de la industria y los procesos químicos como de los diversos impactos que las empresas mineras tienen sobre el territorio, el énfasis estuvo en el agotamiento de las reservas de agua y los conflictos vinculados a la expansión de las operaciones mineras actuales y a nuevos proyectos que aumentarían las cuotas de extracción de agua en la cuenca.
Tanto para l@s visitante como para l@s expositor@s, el encuentro fue satisfactorio, y marca el inicio en el proceso de colaboración que el Observatorio tendrá con esta cátedra universitaria de Australia, país que actualmente lidera el mercado de exportación de litio y donde los impactos ambientales de la extracción a partir de roca son aún poco conocidas.
