Gwendolyn Ledger

Constituyentes Cristina Dorador y Constanza San Juan explicarán cómo el proceso constituyente puede abrir nuevos espacios para iniciativas territoriales descentralizadas que buscan proteger ecosistemas desde el diálogo de saberes, los derechos de la naturaleza y el post-extractivismo

El próximo lunes 5 de julio a las 19 hrs. se realizará el lanzamiento de la iniciativa Valoración y Protección de Salares y Humedales Andinos, hacia una ley de salares y humedales andinos, organizado por el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL).

Se trata de un proceso de puesta en valor y concientización sobre estos valiosos ecosistemas, que será hecho de manera colaborativa entre organizaciones territoriales, activistas, ONGs, y académicos comprometidos.

Al evento están invitadas las constituyentes Cristina Dorador y Constanza San Juan como panelistas para aportar al proceso desde sus experiencias. Cristina es microbióloga, investigadora de la Universidad de Antofagasta, y es convencional constituyente por el distrito 3, que comprende a las comunas de Calama, María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal, correspondientes a la Región de Antofagasta.

En tanto que Constanza San Juan es licenciada en historia de la Universidad de Chile y vocera de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto, siendo electa convencional constituyente por el distrito 4, que abarca las comunas de Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar en la región de Atacama.

Cristina Dorador participó además en uno de los acápites del libro de OPSAL y Fundación Tantí, Salares Andinos, ecología de saberes por la protección de nuestro salares y humedales, editado este año con el apoyo de Fundación Heinrich Böll y que da cuenta del problema ambiental y social que genera la extracción del litio en Chile, Bolivia y Argentina.

En el Lanzamiento se conversará sobre cómo el proceso constituyente puede abrir nuevos espacios para iniciativas territoriales descentralizadas que buscan proteger ecosistemas desde el diálogo de saberes, los derechos de la naturaleza y el post-extractivismo.

La pregunta para responder será ¿Qué oportunidades ofrece el momento constituyente al pensar en una protección real de los Salares y Humedales Andinos amenazados por el extractivismo?El moderador del encuentro será Ramón Morales Balcázar, integrante de OPSAL.

“Esta iniciativa es el resultado de años de trabajo del Observatorio y que hoy converge con un proceso como es el proceso constituyente y de toma de conciencia a nivel global sobre la importancia de la protección de ecosistemas en un momento de crisis, que buscar articular conocimientos locales y también de otras organizaciones que a lo largo de Chile y Argentina se han dedicado a trabajar en la protección de salares y humedales. Es una instancia de encuentro y diálogo de saberes, que dará lugar a talleres participativos y diálogos durante el 2021”, explica Ramón Morales Balcázar, del OPSAL.

“Hoy los humedales están por fin siendo tomados en cuenta y por lo menos parte los humedales urbanos están siendo re-valorizados y protegidos gracias a la labor ciudadana de la Red Plurinacional de Humedales. Al igual que lo que sucede en la falta de ordenamiento territorial de las zonas rurales, una buena parte de los salares y humedales andinos siguen aún desprovistos de cualquier carácter de conservación y lo mismo para las comunidades que sostienen. Estos ecosistemas son muy impactados por la minería actualmente y también en los últimos años por las hidroeléctricas, como el caso de Alto Maipo, que amenaza el agua de 7 millones de habitantes de la Región Metropolitana”, dice Tomás González, parte del equipo coordinador de la iniciativa.

Este encuentro corresponderá también a la primera mesa de trabajo de la iniciativa.  Lo presentado y discutido ese día, será sistematizado para ser parte del informe final de la iniciativa que servirá como base para un proyecto de ley concebido para la protección de estos ecosistemas y las comunidades que ayudan a sostener.

El evento se transmitirá gratuitamente por Zoom, pero requiere de inscripción pues los cupos son limitados. De todos modos, se retransmitirá a través del grupo de Facebook del OPSAL.

por Gwendolyn Ledger

Ramón Morales Balcázar y Bárbara Jerez Henríquez presentaron la ponencia “Diálogo de saberes por la defensa de los salares y para una transición justa”, en la primera de dos jornadas con distintas experiencias territoriales participativas.

El Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) estuvo presente el jueves 10 de junio como parte de los expositores del Congreso de Economía Social y Solidaria (CECOSS) que organizó la Universidad Católica del Maule, el que se realizó de forma telemática en dos jornadas, con presencia de invitados nacionales e internacionales.

El evento inició con el saludo del Rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Duran y las palabras de Eduardo Letelier, Representante de la Red de Economía Social y Solidaria Chile (RUESS Chile). Además de las intervenciones de María Haydeé Fonseca, y Christian Henríquez Zúñiga, como coordinadores del Congreso. Luego se realizó una conferencia inaugural dictada por los académicos y activistas Arturo Escobar y Natalia Quiroga para posteriormente iniciar los cuatro simposios de la mañana.

Ramón Morales Balcázar y Bárbara Jerez Henríquez presentaron la ponencia “Diálogo de Saberes por la Defensa de los Salares y para una Transición Justa”, donde se refirieron a la problemática de la extracción del litio en el norte de Chile y su efecto nocivo en los salares, su biodiversidad y en las formas de vida de los habitantes de la zona.

En su presentación, se mostró cómo el avance de la minería del litio se da en un panorama de fuerte degradación ambiental de las cuencas y de posibles manifestaciones del cambio climático, como más de 10 años de sequía, seguidos de aluviones y eventos extremos.

También se destacó cómo nuevas amenazas mineras en la zona, como los proyecto Purickuta, Minera Delfín, Wealth Minerals, Lithium Chile, se han sumado a décadas de presencia de mineras como SQM, Minera Escondida (BHP, Rio Tinto) y Minera Zaldívar (Antofasta Minerals, Barrick Gold)

El diálogo de saberes que propone OPSAL va dirigido a romper con la hegemonía del mercado, el racionalismo científico reduccionista vinculado a la economía ambiental y a los impactos del llamado extractivismo verde o de la transición.

“Participamos en el simposio, porque quisimos ver otras experiencias, otros enfoques y sobre todo compartir nuestra experiencia, con la idea de aprender de estos espacios y poder generar y ampliar las redes de colaboración y de conocimiento. En ese sentido, creo más que nada, lo relevante fue compartir la experiencia del OPSAL y de ponerla en diálogo con tantas otras experiencias colectivas que existen en el país y ver cómo, de alguna manera, todas dialogan desde distintos lugares, enfoques y prácticas hacia una transformación hacia una sustentabilidad real y hacia una transición pensada desde y con los territorios”, destacó sobre su participación Ramón Morales Balcázar.

“No se puede pensar las transiciones energéticas simplemente con nuevos mercados verdes, deben ser transiciones realmente con justicia ambiental para todos los territorios. El mensaje es cuestionar la sustentabilidad de las baterías si hay salares andinos que se están secado por la explotación del litio”, indicó Bárbara Jerez, sobre la presentación del Observatorio.

Para ella, el interés de las y los asistentes era “conocer cómo nosotros estamos trabajando de manera transdiciplinaria y colaborativa en la defensa de los salares y cuestionando cómo el capitalismo verde enfrenta la crisis climática. Siento que hay un interés en conocer como trabajamos esta transdisciplinariedad, colaboración y plurinacionalidaden el OPSAL, donde respetamos los diversos saberes que cada cual tiene”, detalló.

Dentro del panel denominado ‘deshacer la insustentabilidad para rehacer la sustentabilidad: iniciativas sociales de transición’ donde expuso OPSAL, también se conocieron las experiencias de otras instituciones como la Cooperativa ENER Metropolitana, o VIVERIZACOOP, que busca recuperar el bosque maulino tras incendios forestales, además de personas como Yerko García Martínez que habló sobre mmodalidades de valorización económica en los vínculos entre comunidades mapuche y energías renovables no convencionales, y el co-diseño indígena de economías regenerativas desde el territorio biocultural del Lago Budi, a cargo de Alison Guzmán e Ignacio Krell.

Cristian Flores Fernández y Ramón Morales Balcázar

(Publicado originalmente en Informe Ambiental FARN 2021 ““Pandemia y crisis ambiental: dos caras de una misma moneda”)

RESUMEN EJECUTIVO

Este artículo constituye una breve exposición comparada sobre el estado de avance del extractivismo, así como sobre los conflictos y resistencias ligados a la minería de litio en los salares y humedales andinos de la Argentina y Chile. Buscamos denotar que, pese a las diferencias regulatorias y de política económica existentes entre uno y otro país, las problemáticas socioambientales generadas por el avance de la explotación y destrucción de los ecosistemas salares presentan marcadas similitudes. Estas convergencias son la base del diálogo que el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) busca establecer desde una ecología de saberes (De Sousa, 2010) que articula diversas formas de conocimiento que hoy resisten frente a la desposesión y el sacrificio de los salares andinos promovida por la transición energética corporativa. Visibilizar las problemáticas que la intensificación y expansión de la industria de litio causan a nivel local es solo el primer paso para fortalecer alianzas, diálogos y una agenda común alternativa al discurso e iniciativas basados en el crecimiento y extractivismo verdes, los cuales —en último término— reproducen insustentables patrones de producción y consumo que son la causa de la crisis climática que la transición energética se propone precisamente resolver. 

Contexto 

Las salmueras de los salares de la Argentina, Bolivia y Chile, en el mal llamado “triángulo del litio”, albergan cerca del 60% de los recursos identificados de este mineral, el cual se ha convertido en objeto de deseo de instancias gubernamentales y empresariales que dominan el actual régimen-mercado climático global. 

Durante mucho tiempo, los impactos que la extracción de estas salmueras para la producción de litio generan a nivel local se han desatendido o invisibilizado dentro de los debates asociados a la transición energética. Sin embargo, lentamente, se ha comenzado a tomar conciencia del irreversible daño que el bombeo de ingentes cuotas de aguas subterráneas de diversa salinidad provoca en el equilibrio ecológico de los salares y la biodiversidad que sustentan. Este bombeo pone asimismo en riesgo la sustentabilidad de prácticas ancestrales que los pueblos indígenas han desarrollado en torno a ellos respetando sus delicados equilibrios. 

La constatación de este daño ha motivado que conglomerados automotrices como BMW, Daimler y Volkswagen comisionen estudios sobre los impactos de la minería de litio en la región, temerosos de incumplir con estándares ambientales y de derechos humanos aplicables a las cadenas de suministro de la electromovilidad y baterías. Por su parte, algunas empresas como Sociedad Química Minera de Chile (SQM) y Albemarle buscan limpiar su imagen afirmando que no consumen grandes cantidades de agua. Sostienen que las “salmueras” no serían propiamente agua al no ser aptas para consumo humano ni tampoco para riego, desconociendo su dinámica interrelación con las aguas de menor salinidad y diversas formas de vida que alberga el Salar de Atacama. Mientras tanto, los gobiernos locales, sin escatimar en esfuerzos y desoyendo los cuestionamientos signados, estimulan el avance del extractivismo en los salares al amparo de reverdecidos imaginarios de progreso y desarrollo.

En este escenario, el trabajo del OPSAL busca evidenciar las contradicciones que subyacen a discursos e iniciativas que, a nivel nacional y global, promueven la descarbonización de las sociedades industriales —principales responsables del cambio climático— a costa del despojo y sacrificio ambiental de territorios indígenas y rurales, como los salares y humedales andinos. A fin de proteger y preservar estos ecosistemas, el OPSAL congrega a representantes de pueblos originarios, activistas ambientales e investigadoras(es) para ampliar las voces y perspectivas usualmente marginadas, situándolas en las luchas globales por la justicia climática. Con el objetivo de fortalecer y visibilizar las voces que emergen desde esta red, este trabajo documenta las similitudes que las actuales problemáticas socioambientales asociadas a la depredación de los salares y sus aguas para la producción de litio presentan a nivel local, específicamente a partir de los casos de la Argentina y Chile. 

Regulación general del litio 

En la Argentina, la exploración y explotación del litio puede entregarse en concesión a privados por parte de gobiernos provinciales, los que suelen “reservarse” una cuota de participación en los procesos extractivos, que hoy alcanza un 3% en Catamarca y un 8,5% en Jujuy (Nacif, 2020). Los términos de comercialización y venta del litio son, en principio, fijados libremente por las empresas mineras. 

En Chile, desde 1979, el litio es un mineral inconcesible, por lo que, en cuanto a las concesiones mineras constituidas con posterioridad, su exploración y explotación puede ser realizada solo por el Estado o sus empresas, o si se cuenta con concesiones o contratos especiales de operación, y se requiere además autorización previa de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) respecto de las cuotas de producción y venta. 

En ambos países, la operación minera de litio requiere contar con los permisos ambientales correspondientes, en los que se define la cantidad de salmuera y agua que se va a extraer y, al menos en Chile, la cantidad de litio a producir.

En el caso argentino, se ha criticado que únicamente en Jujuy se ha llegado a “prometer” una eventual venta del 5% de la producción futura al mercado interno —sin considerar precios preferentes, así como con la total falta de consideración de aportes para investigación y desarrollo (I+D)—, lo que ha llevado al fracaso de las iniciativas vinculadas al avance en la cadena de valor del litio (Nacif, 2020). 

En Chile, aprovechando que la agencia estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es dueña de las pertenencias mineras del Salar de Atacama explotadas por dos de las mayores productoras de litio del mundo —Albermarle (ex-Rockwood) y SQM—, en 2016 y 2018 se renegociaron los contratos que databan de 1980 y 1986. En esta renegociación se duplicaron y triplicaron las cuotas de producción originalmente acordadas a cambio de asegurar la venta de hasta el 25% de la producción a precios preferentes para la elaboración de productos de valor agregado y garantizar aportes para I+D que entre 2018 y 2030 alcanzarían los USD 352 millones.¹ Pese a la existencia de estos fondos (cuyas adjudicaciones son actualmente objeto de controversia),² al igual que en la Argentina, los productos exportados corresponden hoy a derivados sin valor agregado, por lo que la minería de litio no mostraría diferencias sustanciales respecto a otros extractivismos mineros presentes en la región.

Estado actual del extractivismo del litio en los salares andinos 

La minería de litio en la Argentina comienza en 1997, en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, con el denominado “Proyecto Fénix”, de propiedad de la norteamericana Livent Corp (ex-FMC), que extrae 900.000 litros por hora (l/h) de salmuera y 380.000 l/h de agua desde el río Trapiche (Vallejo, 2020). 

En 2014, se le une la faena en el Salar de Olaroz de la minera Sales de Jujuy, de propiedad de la australiana Orocobre, Toyota y la empresa provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad de Estado (JEMSE), que controla un 8,5% de ese proyecto. En el contiguo salar de Caucharí, se encuentra en construcción y pronto a comenzar a operar el proyecto de Minera EXAR, de propiedad de la canadiense Lithium Americas Corp, Ganfeng Lithium —de capitales chinos— y JEMSE. 

Además de estos dos proyectos en operación —que representan cerca del 7% de la producción mundial y hoy buscan expandir su producción— y el de EXAR en construcción, ya en 2019 se contabilizaban 16 proyectos en etapas de factibilidad a exploración avanzada y 20 más en etapas tempranas de exploración, que afectaban a un total de 23 salares en la Argentina (SDM, 2019). Junto con los salares del Hombre Muerto, Olaroz y Caucharí, se incluían los de Centenario y Ratones, del Rincón, Diablillos, Pastos Grandes, Pozuelos, Llullaillaco, Pular, Carachi Pampa, Salinas Grandes y la Laguna Tres Quebradas, a los que deben agregarse los proyectos de explotación desde roca o pegmatita en las provincias de San Luis y Córdoba.

En Chile, la producción de litio se desarrolla en la Región de Antofagasta y está controlada por la estadounidense Albemarle y la alguna vez estatal SQM, hoy en manos de capitales mayoritariamente chilenos (Grupo Pampa: 32%) y chinos (Tianqi: 26%). Origen de cerca del 20% de las exportaciones mundiales de este mineral, las pertenencias mineras de CORFO ubicadas en el Salar de Atacama presentan las mayores concentraciones de litio de la región. Esto, sumado a factores como las condiciones de extrema aridez y la cercanía a los puertos de salida, permite la obtención de derivados del litio con los costos de producción más bajos respecto de los salares vecinos. 

Las faenas de litio de Albemarle, que datan de 1983, cuentan hoy con una cuota de extracción ambientalmente aprobada de 1.591.200 l/h de salmuera y 82.800 l/h de agua dulce desde la cuenca del salar y con una capacidad de producción de 92.500 ton/año de compuestos de litio. Las de SQM se inician en 1997, y actualmente extraen 5.760.000 l/h de salmuera (cuota que a contar de 2026 aumentará a 6.120.000 l/h y se incrementa por concepto de reinyección de salmuera de descarte) y 864.000 l/h de agua dulce hasta agosto de 2031 para producir —en parte gracias a los polémicos contratos firmados en 2018 con CORFO— hasta 180.000 ton/año de carbonato de litio y 32.000 ton/año de hidróxido de litio.³ 

Durante 2020, la minería de litio consolida su extensión hacia el Salar de Maricunga —Región de Atacama—, donde se aprobaron ambientalmente el Proyecto Blanco de Minera Salar Blanco y el proyecto Producción de Sales Maricunga de la empresa SIMCO, ambos en concesiones mineras anteriores a 1979. El primero podrá extraer 752.400 l/h de salmuera y 126.000 l/h de agua, mientras que el segundo bombeará 990.000 l/h de salmuera, contemplando reinyecciones de salmuera de descarte. A esto se suman las autorizaciones que, en 2017 y 2018, la CCHEN otorgó a la estatal Corporación Chilena del Cobre para la extracción y venta de litio desde los salares de Maricunga y Pedernales;⁴ el acuerdo de la estatal Empresa Nacional de Minería con la canadiense Welth Minerals para proyectos en los salares de Laguna Verde y Atacama, así como las licitaciones realizadas en septiembre de 2020 para iniciar la exploración en los Salares de Aguilar e Infieles, y los anuncios de la empresa canadiense Lithium Chile sobre nuevos proyectos en los salares de Helados, Ollagüe, Talar, Turi y el lado chileno del Salar de Coipasa, entre otros.

Impactos y problemáticas socioambientales: factores comunes, respuestas diversas

Argentina 

Los impactos socioambientales de la minería de litio han sido denunciados por pueblos indígenas, activistas y ONG, y documentados en diversas instancias (Flexer et al., 2018; Sticco et al., 2019) cada vez más evidentes. En el Salar del Hombre Muerto, por ejemplo, se ha expuesto que los pozos de salmuera de la empresa Livent (ex-FMC) han causado la disminución del nivel de los acuíferos subterráneos que sustentan vegas y lagunas, provocando la desecación de la vega del Trapiche, la que ha sufrido un daño ambiental irreversible, al igual que el río Trapiche, que se encuentra agotado. La degradación de los ecosistemas y fuentes de agua afecta de manera directa tanto a la biodiversidad como a las comunidades indígenas —en su mayoría, collas y atacameñas— que tradicionalmente han desarrollado actividades de cosecha de sal, pastoreo y agricultura, entre otras, y que hoy se ven desplazadas de su territorio ancestral por las obras de expansión del Proyecto Fénix. A esto se suman los desechos mineros vertidos en este salar, que han contaminado las colindantes laguna Catal y vega de Peñas Blancas (Vallejo, 2020). 

Las autoridades provinciales que autorizan el funcionamiento de la minería de litio carecen de información ambiental sobre balances hídricos de las cuencas y de líneas de base integrales y suficientes (De Francesco, 2018; Argento y Puente, 2020; Marchegiani, 2020), y, aun cuando en ciertos casos están en conocimiento del irreversible impacto ya causado, lo continúan avalando. Ejemplo de esto es la expansión del Proyecto Fénix, que implica aumentar en 650.000 l/h la extracción de agua desde la ya agotada cuenca del Salar del Hombre Muerto (PUCARA, 2020; Vallejo, 2020). 

El Acueducto Río Los Patos, asociado a la ampliación del Proyecto Fénix, comenzó a construirse en octubre de 2019 sin mediar audiencia pública ni procedimiento de consulta indígena previa a las comunidades de la cuenca del Salar del Hombre Muerto. En respuesta a este tipo de situaciones, se han desplegado diversas acciones de resistencia que han originado una fuerte represión y hostigamiento por parte de la empresa y autoridades provinciales, las que, aprovechándose de la pandemia, han avanzado con las exploraciones de salmuera y agua dulce, así como con la obtención de permisos necesarios para operar (Vallejo, 2020). 

La movilización de las comunidades andinas de Catamarca es una expresión más de las resistencias que las comunidades indígenas argentinas han ofrecido contra la depredación de los salares a causa de la minería de litio y se remontan al menos a 2010. En ese entonces, 33 comunidades collas y atacameñas de la cuenca Salinas Grandes – Guayatayoc presentaron un amparo colectivo contra los Estados provinciales de Jujuy y Salta y el Estado Nacional en el que denunciaron el avance de proyectos mineros de litio en sus territorios, que vulneraban la obligación de consulta previa consignada en el Convenio 169. Este amparo fue rechazado por la Corte Suprema en 2012, lo que motivó la presentación de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún en curso, así como la organización de mesas internas de trabajo y la elaboración de un protocolo de consulta propio para toda la cuenca, denominado Kachi Yupi (Flores, 2020). 

Este despliegue de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil consiguió detener momentáneamente el avance de la minería de litio en la cuenca. También logró que algunas autoridades provinciales se comprometieran a dar reconocimiento oficial al Kachi Yupi. Sin embargo, en 2019 y ante el avance de actividades mineras, la licitación de proyectos por parte de JEMSE y el no reconocimiento del Kachi Yupi propiciaron la reanudación de las movilizaciones y la interposición de un nuevo amparo colectivo contra los Estados provinciales de Jujuy y Salta y el Estado Nacional. 

En efecto, la mesa de las 33 comunidades declaró su decisión definitiva de hacer valer su derecho a la autodeterminación y rechazar todo trabajo de exploración o explotación de litio y megaminería dentro de su territorio, sosteniendo la nulidad de toda negociación vinculada a la autorización, aprobación o mantención de cualquier tipo de negocio relacionado con ellas y ratificando íntegramente el territorio de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como patrimonio natural, ancestral y cultural (FARN, 2019:44 y ss.).  

En el amparo —que se encuentra en la actualidad en trámite ante la Corte Suprema—, se solicita la suspensión de todos los actos administrativos relativos a la exploración y explotación de litio y borato en la cuenca, a fin de prevenir un daño grave e irreversible al sistema hídrico. Se pide también que se efectúe una línea de base de la cuenca y luego la evaluación de impacto ambiental acumulativa para cada petición de explotación minera en la superficie de la cuenca, así como su gestión integrada, entre otras demandas (FARN, 2019).

Chile 

Al igual que en la Argentina, los salares chilenos se ubican en territorio ancestral de pueblos indígenas como el aymara, quechua, atacameño o lickanantay y colla. En el caso de estos pueblos, sus aguas, vegas y bofedales son esenciales para la reproducción de la cultura, formas de vida y subsistencia tradicionales asociadas a su cosmovisión, como la agricultura, las prácticas crianceras y el pastoreo trashumante que parte de sus miembros aún desarrollan y buscan preservar pese a la depredación minera (Espíndola, 2020; Muñoz, 2020; Rivera, 2020). 

Sin embargo, ninguno de los contratos y autorizaciones ligados a las operaciones de litio han observado la obligación que pesa sobre los Estados de abrir procedimientos de consulta indígena previa respecto de las comunidades de la cuenca afectadas. En el Salar de Atacama, esta omisión se ha buscado paliar mediante mecanismos —voluntarios o impuestos por CORFO— que, según el principio de “valor compartido”, contemplan cuantiosos aportes directos e indirectos a comunidades y organizaciones constituidas de acuerdo a la Ley Indígena.⁵ Estos aportes provienen de la explotación del salar, provocando profundas tensiones y afectando las relaciones entre las comunidades reunidas en el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), la población indígena no perteneciente a dichas comunidades y la población no indígena de la comuna. A estos acuerdos se suman importantes aportes que las empresas de litio entregan al municipio y convenios de colaboración suscritos con universidades regionales. 

En 2018, las comunidades atacameñas del Salar de Atacama, junto con asociaciones de regantes, defensores ambientales y comunidades collas del Salar de Maricunga, presentaron acciones constitucionales contra CORFO y SQM, alegando la infracción al deber de consulta en relación con las modificaciones de contratos de SQM, las que fueron sin embargo rechazadas por la Corte Suprema. Por su parte, en Maricunga, las comunidades collas de la Comuna de Copiapó y Pai-Ote siguen tramitando recursos judiciales y administrativos presentados en 2020, tendientes a revocar las resoluciones de calificación ambiental (RCA) de Proyecto Blanco y Producción Sales Maricunga, alegando su exclusión arbitraria y la omisión de procedimientos de consulta indígena dentro de la evaluación ambiental, entre otras falencias^6. En el Salar de Coipasa, ubicado en la Región de Tarapacá sobre la frontera con Bolivia, se mantiene una disputa entre la Comunidad Aymara de Ancovinto y la canadiense Lithium Chile, que pretende realizar trabajos de exploración pasando sobre los bofedales que la comunidad busca proteger. Al igual que en otros casos, la empresa habría anunciado al mercado la obtención de la anhelada licencia social⁷, sin mencionar las disputas que su presencia ha provocado en el interior de la comunidad, de las cuales da cuenta su propia presidenta. 

Tal como sucede en el caso argentino, estudios e investigaciones recientes han alertado sobre la degradación ambiental que la intervención de la minería de litio causa en términos de, por ejemplo, disminución de cobertura vegetacional, aumento de temperaturas en lagunas y clima local, mayor aridez, y alteración en la composición química del ecosistema salar y sobre comunidades microbianas que son base de las cadenas tróficas (e. g.: Liu et al., 2019; Dorador, 2020)⁸. Lo anterior es especialmente preocupante si consideramos que las aguas, sistemas lagunares, vegas y bofedales ligados a los salares cumplen un rol fundamental para la conservación de una biodiversidad biológica con altos grados de endemismo, han llegado a ser reconocidas como sitios Ramsar y parte de áreas silvestres protegidas,⁹ y se ubican en cuencas ya sobreexplotadas debido a la acción antrópica (principalmente minera), presentando balances hídricos deficitarios que llegan a -1.238.400 l/h en el Salar de Maricunga y entre -6.300.000 y -7.020.000 l/h para el Salar de Atacama (Amphos21, 2016; 2018)¹⁰. Las empresas, sin embargo, sostienen —sobre la base de las modelaciones por ellas elaboradas que afirman un alto grado de desconexión entre acuíferos de salmuera y superficiales— que sus operaciones no generan impactos “significativos” en la calidad y cantidad de recursos hídricos de la cuenca, sistemas lagunares, flora y fauna y otros aspectos ambientales relevantes, tesis que ha sido avalada por las autoridades ambientales al otorgar las RCAs. Estos estudios y modelos suelen presentar serias inconsistencias técnicas y carecer de la información mínima necesaria para identificar y evaluar los impactos, cuestión que ha sido denunciada por las comunidades collas en las instancias de impugnación en curso promovidas en contra de los proyectos de litio en el Salar de Maricunga.

Dejar en manos de las mineras la producción del conocimiento acerca de sus impactos ha tenido como consecuencia la existencia de una profunda incerteza científica y carencia de información respecto del funcionamiento hidrogeológico de los salares y sus cuencas, sobre los reales impactos que la extracción de salmuera genera en sus balances hídricos, así como sobre su actual condición ambiental, entre otros aspectos (Amphos21, 2018:321; Babidge, 2018; C. Diputados, 2019; Bustos et al., 2021). 

Sobre la base de estas consideraciones, en diciembre de 2019, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta —acogiendo los reclamos del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) y las comunidades de Peine y Camar— rechazó un plan de cumplimiento ambiental (PdC) presentado por SQM en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental seguido en su contra por graves infracciones a sus obligaciones ambientales, donde arriesga incluso la revocación de sus permisos ambientales.¹¹ Este fallo, sin embargo, no ha afectado las faenas de SQM ni ha permitido que sea efectivamente sancionada, habiendo facultado la Superintendencia del Medioambiente a SQM a presentar un nuevo PdC “refundido”, lo que sucedió en noviembre de 2020. 

Mientras el CPA y el OPSAL instaban por la revocación de la RCA a SQM, la empresa consiguió que la comunidad de Camar —la más afectada por las faltas de la empresa— abandonara el proceso a cambio de un convenio por casi USD 2 millones, y busca hacer lo mismo respecto de las restantes comunidades que continúan en el proceso,¹² por lo que los alcances reales de este aún son inciertos. 

Esta situación, que ha quedado de manifiesto en el caso del Salar de Atacama, donde la minería de litio funciona hace más de 35 años, podría extenderse a los restantes salares chilenos. Para los autores, y en concordancia con representantes locales, expertos de diversas disciplinas y comisiones investigadoras parlamentarias, autorizar cuotas de extracción sin contar con una línea de base ambiental resulta temerario y amenaza seriamente la sustentabilidad de las cuencas donde ellos se emplazan (C. Diputados, 2019:265 y ss.). 

Convergencias y la necesidad de una agenda común 

La revisión del estado actual del extractivismo de litio y el subsecuente bombeo indiscriminado de exorbitantes cantidades de aguas subterránea desde los ecosistemas salares demuestra que, pese a los diferentes marcos regulatorios, los gobiernos y empresas en la Argentina y Chile han encontrado las formas de avanzar en la aprobación de este tipo de proyectos mineros aun careciendo de información acabada que permita conocer los reales impactos que genera y, en consecuencia, adoptar medias precautorias adecuadas. Su operación se intensifica en los salares ya intervenidos y se extiende a otros, no obstante los claros signos de degradación e irreparable daño ambiental en cuencas muchas veces deficitarias. Esto implica sacrificar los territorios, sus ecosistemas y la biodiversidad, a fin de sacar una tajada del negocio de materias primas requeridas para las denominadas “tecnologías verdes”. 

Las comunidades locales, por su parte, suelen afrontar muchas veces el dilema de la inminente ejecución de los proyectos y su exclusión en procesos de toma de decisiones o la negociación de aportes o regalías dentro de un andamiaje económico-institucional, que van desde las antiguas fórmulas de responsabilidad social a las nuevas, basadas en el valor compartido (Argento y Puente, 2020). Los procesos de consulta indígena son muchas veces inexistentes, incompletos, o se tornan meras instancias de negociación de proyectos ya definidos en los términos señalados, ante lo cual comunidades como las de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc se han revelado buscando y generando instancias más fidedignas de autodeterminación, defendiendo su derecho a decir no a la minería de litio.

Este pequeño examen comparado del estado de la minería de litio nos permite ver que, más allá de las particularidades propias de cada caso, las contradicciones del extractivismo verde se producen en ambos países. Además de las mencionadas acciones llevadas a cabo por comunidades y organizaciones territoriales, el OPSAL comparte sus preocupaciones y estrategias de acción con un número creciente de individuos y organizaciones que ven en el avance de esta minería de agua —justificada por la transición energética— una amenaza directa para la vida humana y no humana que depende de los salares y humedales andinos. En ese sentido, y frente a la incapacidad del mercado y de los organismos de los respectivos gobiernos nacionales y provinciales, planteamos la urgencia de una agenda común, multisectorial y plurinacional en pos del aseguramiento de las condiciones para la reproducción de la vida en un escenario de emergencia climática y en un horizonte temporal necesariamente mayor que el del boom minero que resulta de la expansión del mercado de la electromovilidad. 

¹Las renovaciones con SQM se efectuaron luego de un juicio donde CORFO inicialmente solicitó el término de los contratos por incumplimientos graves, obviando asimismo las causas de corrupción seguidas en contra de la empresa y sus directivos por cohecho y soborno, algunas en actual tramitación.

²El Consejo de Rectores cuestiona la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias y hace un llamado a revertir la decisión: “Nos preocupa el resultado de esta licitación” (7 de enero de 2021) https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/consejo-de-rectores-cuestiona-adjudicacion-del-instituto-de-tecnologias-limpias-y-hace-llamado-a-revertir-la-decision-nos-preocupa-el-resultado-de-esta-licitacion/D3KTT2ZK5JDNBH5VGTXQFYXQY4/

³SQM inicia la extracción de salmuera del salar para la producción de derivados de potasio en noviembre de 1994, los que sigue produciendo al día de hoy. Albemarle también produce cloruro de potasio a partir de las salmueras que extrae desde 1983. La cuenca del Salar de Atacama es intervenida también por la minería de cobre –Minera Escondida y Minera Zaldívar–, que es por lejos el mayor consumidor de agua dulce de la cuenca.

⁴Sujeta a la verificación de la existencia de las reservas y la obtención de los respectivos permisos ambientales.

⁵En 2012 y 2016, Albemarle suscribió con la Comunidad Atacameña de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y con cada una de las 18 comunidades indígenas del Salar de Atacama convenios para el aporte directo de cerca del 3,5% anual de sus ventas. Los nuevos contratos de SQM la obligan a aportar entre USD 10 y 15 millones anuales por medio de fundaciones u organizaciones que inviertan en el área de desarrollo indígena de la cuenca.

⁶Proyecto Blanco realizó PCI, pero solo respecto de una comunidad indígena colla no relacionada con la cuenca del Salar.

⁷Lithium Chile announces community approval for their exploration program on their Salar de Coipasa property (2019) https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/2354-tsx-venture/lith/61010-lithium-chile-announces-community-approval-for-their-exploration-program-on-their-salar-de-coipasa-property.html

⁸En el Salar de Atacama se ha comprobado y reconcido que la reinyección de salmuera de descarte ha modificado la composición química de sus salmueras, al menos en su concentración de litio, en beneficio directo de las propias mineras (Bustos et al., 2021).

⁹En concreto, el Sistema Hidrológico de Soncor y Salar de Tara, Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, Reserva Nacional Los Flamencos, laguna Tebinquinche y Parque Nacional Nevado Tres Cruces.

¹⁰10Esta cifra promedio para el período 2000-2015 representa un déficit de -21%, lo que empeoraría si consideramos las actuales tasas de extracción de salmuera (Amphos21, 2018:296).

¹¹Relativas, entre otras, a sobreextracción de salmuera cercana al 3,9% respecto de lo permitido entre 2013-2015; modificaciones de estándares de medición de seguimiento de variables ambientales; disminuciones de nivel freático de lagunas no informadas y sin activación de planes de contingencia; pérdida de especies de flora nativa protegida. Los incumplimientos de SQM comprometen también a Albemarle, ya que sus planes correctivos ante el descenso de nivel de lagunas —los que se han tenido que activar durante los últimos años— se encuentran vinculados.

¹²La lucha del gigante del litio SQM por ganarse a las comunidades indígenas chilenas (enero de 2021) https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/la-lucha-del-gigante-del-litio-sqm-por-ganarse-las-comunidades

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by Ramón Morales Balcazar – El Desconcierto , 6 June 2020

Nearly eight months after the popular uprising in Chile and in the midst of a pandemic which has brutally hit the most vulnerable sectors of society, it is almost surreal to imagine that as recently as December of last year, Santiago de Chile was to host COP25. However, following overwhelming state repression against popular protests, the Chilean government decided that the conditions were not right and the unresolved challenges of the Paris Accords were finally discussed in Madrid. Among them, an energy transition where electromobility plays a central role, despite the fact that its socio environmental impacts – especially those linked to mining – deeply contradict the principles of what many understand as environmental justice. During the closing of its participation in the plenary session, the Spanish movement Ecologistas en Acción shed some light on the limitations of the summit with the phrase “This COP has failed people and planet. Power to the people, climate justice”.

In Chile, thanks to the collective efforts of various sectors of civil society and despite the difficult political climate, a series of parallel events took place which created space to reflect on the socio-environmental crisis and make visible the flipside of “development”. Among these organizations was the Plurinational Observatory of Andean Salt Flats, a group born several years ago in San Pedro de Atacama that today brings together representatives of communities, organizations and researchers from Chile, Argentina and Bolivia, concerned about the consequences of the intensification and expansion of lithium extraction in the triangle of the Andean salt flats (baptized by the mining industry as the lithium triangle). To satisfy the growing market for electric cars, the already over-exploited Salar de Atacama will not be enough, and it will be necessary to extract from more aquifers and salt flats, with an apparent disregard as to whether they are in indigenous territories (Atacameños or Lickanantay, Colla, Quechua and Aymara) or whether they impact protected areas such as the Laguna Tebenquiche or the Maricunga and Coipasa salt flats.

The problem, beyond the deficiencies inherent in the primary-exporter model that prevails in the country and the region, is that Chilean lithium is obtained by pumping brine from hypersaline aquifers which is concentrated by means of an evaporation process until reaching the optimum point for obtaining lithium carbonate. The concentration of the brines and the extremely arid conditions of the Salar de Atacama are the main comparative advantages relative to neighboring countries, which together with a legal framework that allows these aquifers not to be legally treated as groundwater, has allowed for decades of low-cost extraction. This last point has been particularly beneficial to companies in obtaining brine extraction permits as part of their expansion plans. But the categorization  of brine as not water has also served to invisibilize the impacts of this water-based extraction on the balance of the water basin. Without going any further, just a few days ago the President of the US-based transnational Albemarle (formerly Rockwood Lithium) said in an international webinar “Atacama’s brine is ten times more saline than seawater (…) in fact, it has no other use than as a resource, as a mineral”.

I have spoken at length with very knowledgeable people in the salt flats and with several technical experts who would not agree with that statement. Could it be that what is essential for life is just invisible to the eyes of those whose mission is to maximize the profits of a transnational company based in North Carolina? Cases of the dispossession of common goods for the benefit of transnationals and countries of the Global North abound, but to be told what is water and what is not, is a novel kind of imperialism. The question is not whether the brine is water or not, which is where the corporations are trying to lead the conversation; but rather the question is why Chile lacks a legal framework that effectively protects and regulates these ecosystems and watersheds (sanctioning processes such as the one applied to SQM, if they achieve anything, they do not repair environmental damage); or why there is not independent nor sufficient knowledge about the functioning of the salt flats as complex ecosystems, for example: the role of the microorganisms in the brine which are at the base of the food chain, the vulnerable species that inhabit the salt flats, the role of wetlands in climate regulation, and of course the value they have for local communities and economies.

Global pressure, amplified by the initiatives of Global North countries, transnationals and international organizations, respond to new strategies to achieve mining security and an eco-extractivist consensus in which climate-smart mining is the latest development. Hand-in-hand with the geopolitical implications that may accompany this process, the expansion of lithium mining triggers and deepens unwanted transformations in the indigenous and rural contexts of the Puna de Atacama, which are often relativized, or simply made invisible. This is why, from community organizations, socio-environmental movements and from critically-positioned research against a hegemonic development model based on dispossession, exploitation of workers and the destruction of nature, we believe that if this is the cost of  the “transition” of the Paris Agreements and the Sustainable Development Goals, we may be headed in the wrong direction.

This in no case should be understood as a call to continue the dependency on fossil fuels nor should it push us towards the false dichotomy “electromobility versus continuing to pollute forever”. On the contrary, it is an opportunity to bring us further. While in Chile we do our humble part in global emissions reduction, we have the ability to look beyond extractivism and individual solutions for privileged minorities. If we ask ourselves who is responsible for these crises and who suffer the worst consequences, it becomes clear who should not be called upon to solve them for us. Instead, we would invite you to think through these processes from the local level too, to dialogue with proposals such as the Ecosocial Deal from the Global South, which promotes a process of decolonization and democratization of the transition. This vision would allow us to value communities and ecosystems, not as sources of mineral resources, but rather for the wealth of their communal knowledge and biodiversity, thinking of the regeneration of our relationship with water and nature as the starting point for a different transition.

Ramón Morales Balcázar

A raíz del artículo titulado “En Peine celebran cese de extracción de Escondida en Acuífero de Monturaqui”, publicado por el medio digital “Termómetro“, el 7 de enero 7, 2020 (1), y como ya hemos comentado a través de las redes sociales del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos – OPSAL, nos parece pertinente enfatizar el hecho de que Minera Escondida, controlada mayoritariamente por BHP Billiton (Australia), estaría en realidad sólo cumpliendo con lo que según la RCA (2) le es extrictamente obligatorio; en palabras simples, se le acabó el permiso para la extracción de agua de dicho acuífero, ubicado en territorios ancestrales de la Comunidad de Peine al sur del Salar de Atacama.

Lo que llama la atención es que si bien la nota habla de que la empresa “accedió” a que comuner@s constataran el cierre de los pozos en compañía de un notario, la minera se encuentra tramitando, simultáneamente, la extensión del permiso de extracción de agua – vía Estudio de Impacto Ambiental, desde el mismo acuífero. Respecto a esto y aunque la intención de la empresa es de extraer menos agua (dulce) – 412 litros por segundo, a diferencia de los 1400 litros por segundo actuales – como parte de su nueva “Estrategia Hídrica”, debemos recordar – y tal como señala el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños en la misma nota – que estos acuíferos ya se encuentran agotados por años de sobreexplotación, y que el Salar de Atacama se encuentra en un grave, y posiblemente  irreversible, estado de deterioro (3).

Otro punto que a nuestro juicio merece mayor atención, es el anuncio que realiza la transnacional respecto a la disminución del uso de agua dulce, gracias a la desalinización del agua de mar. Es decir, las operaciones extractivas de la empresa – con emisiones de CO2 y contaminación asociadas – siguen intactas, y los impactos por el uso de agua serán transferidos gradualmente a los ecosistemas costeros de la región. Este método ya ha demostrado ser altamente dañino (4), especialmente en Antofagasta, por lo tanto queda la duda de las características específicas de dicho proceso, y de su real contribución a la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental.

La extracción de agua en la cuenca del Salar de Atacama es producto de las actividades agregadas de Minera Escondida, junto con Minera Zaldívar (5), Albemarle (Ex-Rockwood) y SQM (6) – megamineras de cobre y litio, minerales altamente demandados por el mercado de los vehículos eléctricos y el cuestionable modelo de transición de los Acuerdos de París. Esta empresa, así como las otras operando en este salar, no escatima en esfuerzos tanto para asegurar las condiciones materiales para operar (7)(8) como para la obtención de la licencia social mediante convenios institucionales privados y una fundación dedicada principalmente a la cultura, la cual también otorga fondos concursables a organizaciones de la comuna de San Pedro de Atacama (9).

Más allá de los antecedentes que puedan hacernos cuestionar la real preocupación de la empresa por los impactos socioambientales inherentes a sus actividades en el territorio, la futura extracción de agua del acuífero Monturaqui dependerá de la aprobación – O NO –  del Servicio de Evaluación Ambiental,  cuyo director ha sido denunciado por el Consejo de Pueblos Atacameños debido a eventuales conflictos de interés (10). En el más optimista de los casos, es de esperar que dicho organismo tome en cuenta la importancia que este acuífero tiene tanto para los sistemas lagunares próximos como para la actividades agropastoriles propias del pueblo atacameño, el cual entendemos será consultado, y que no se repita en el Salar de Atacama el ecocidio que Minera Escondida ya produjo en el cercano Salar de Punta Negra (11) (12) y por el cual, hasta ahora, no se ha hecho responsable.

Referencias

(1) En Peine celebran cese de extracción de Escondida en Acuífero de Monturaqui https://termometro.cl/index.php/2020/01/07/en-peine-celebran-cese-de-extraccion-de-escondida-en-acuifero-de-monturaqui/?fbclid=IwAR0lK5E9z6tQ_7efGaFMOmZD09TFMk5gXgIyPqYA2_MGSX6d2cYuZ9-vayM

(2) Minera Escondida Limitada (MEL), cuprífera que opera desde 1998, en el sector sur de la cuenca del Salar de Atacama, bombea 1.400 l/s del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo (MNT), requerimiento de uso industrial. Caudal con aprobación ambiental de la RCA1/97, año 2001.

(3) Spatiotemporal patterns of lithium mining and environmental degradation in the Atacama Salt Flat, Chile (Patrones espacio-temporales de minería de litio y degradación ambiental en el salar de Atacama, Chile) https://www.researchgate.net/publication/334839246_Spatiotemporal_patterns_of_lithium_mining_and_environmental_degradation_in_the_Atacama_Salt_Flat_Chile

(4) ‘The salt they pump back in kills everything’: is the cost of Chile’s fresh water too high? (La sal que bombean de vuelta mata todo: ¿es el costo del agua dulce demasiado caro en Chile?) https://www.theguardian.com/cities/2020/jan/02/the-salt-they-pump-back-in-kills-everything-is-the-cost-of-chiles-fresh-water-too-high

(5) Brazo minero de los Luksic compra 50% de Zaldívar en US$ 1.050 millones http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=167925

(6) Primer Tribunal Ambiental acoge reclamación de comunidades Atacameñas por SQM Salar https://www.1ta.cl/primer-tribunal-ambiental-acoge-reclamacion-de-comunidades-atacamenas-por-sqm-salar/

(7) Pampa Colorada: Intento de mayor extracción de aguas por minera Escondida http://www.derechoalagua.cl/mapa-de-conflictos/pampa-colorada-intento-de-mayor-extraccion-de-aguas-por-minera-escondida/

(8) El agua del salar de Atacama enfrenta a Minera Escondida con el grupo Luksic https://www.latercera.com/pulso/noticia/agua-del-salar-atacama-enfrenta-minera-escondida-grupo-luksic/397204/

(9) Sitio web Fundación Minera Escondida http://fme.cl/

(10) Denuncian conflicto de interés del director del SEA en proyectos de mineras Zaldívar y Escondida https://regionalista.cl/denuncian-conflicto-de-interes-del-director-del-sea-en-proyectos-de-mineras-zaldivar-y-escondida/

(11) Consolidado Ecocidio “Salar de Punta Negra” por “Minera Escondida-BHP Billiton” https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=45120&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION

(12) Derechos de Agua: el impacto de Minera Escondida en el Salar de Atacama https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/06/28/derechos-de-agua-el-impacto-de-minera-escondida-en-el-salar-de-atacama/

Evelyn Vallejos

Los salares son cuencas cerradas donde queda almacenada el agua, donde a lo largo de miles de años se han concentrado minerales y elementos químicos que fueron arrastrados por la lluvia desde las laderas montañosas. Entre estos elementos se encuentra el litio, el cuál es extraído por la empresa Minera del Altiplano desde el año 1997.

La salmuera es bombeada mediante perforaciones que generan la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad (contaminación cruzada). Luego se la expone al sol en grandes piletones para evaporar el líquido y concentrar los componentes de interés. Se estima que la concentración de litio en el Salar del Hombre Muerto es de 500 ppm, lo que significa que por cada tonelada de litio extraído se evaporan alrededor de dos millones de litros de agua.

1 tonelada de litio = 2 millones de litros de agua

La extracción de la salmuera para obtener litio genera una disminución del nivel de base del agua subterránea de la cuenca, que produce un descenso del agua dulce fuera de los bordes de la salina, y la consecuencia más inmediata es la desaparición de las vegas y lagunas que allí se forman, recurso hídrico esencial de la región, afectando a las comunidades, el ecosistema, las migraciones de aves y la cría de camélidos.

En Antofagasta de la Sierra estas consecuencias ya se están viviendo. El río Trapiche, del cual se abasteció de agua la empresa minera por 22 años, ha sido saqueado hasta secar las vegas de las que viven los puesteros, los cuales sufrieron la muerte de sus animales.

El Proyecto “Acueducto Río Los Patos”

El objetivo del proyecto es la provisión de aguas subterráneas del acuífero del río Los Patos, para la expansión del Proyecto Fénix  (Empresa Livent) en el Salar del Hombre Muerto, consecuencia de haber agotado el recurso del río Trapiche. La obra proyectada contaría con seis pozos de bombeo de agua, los que permitirían proveer 650 m3/h del recurso, transportando el caudal a través de un acueducto de al menos 32km hasta la planta.

El Proyecto fue aprobado por la Dirección de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos, con condiciones de permiso precarios y creación de zona de tutela en 2018.

Con la sentencia Interlocutoria N°398 del 22/11/2018, emitido por el Juez Electoral y de Minas, Raúl Cerda, autoriza a Miera del Altiplano a iniciar los trabajos solicitados.

Según el informe de DIPGAM (Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera), de fecha 29 de marzo de 2019, con referencia 013_2019_EXP5 “Proyecto Acueducto del río Los Patos”, se detallan una seria de observaciones al Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa Minera del Altiplano de los cuales destacan:

Aún con éstas y otras modificaciones que debía realizar la empresa para encuadrarse en las normativas, el IIA fue aprobado por el Secretario de Minería, Rodolfo Micone el día 3 de abril de 2019. Estas modificaciones no podrían haberse hecho en 5 días, aprobándose una IIA de forma inapropiada.

El día 24 de mayo de 2019 se aprueba por Decreto provincial el permiso de 2 perforaciones con extracción de 130 m3/h cada uno.

Cabe destacar que en la cuenca del río los Patos no sólo pretende extraer agua la empresa Minera del Altiplano (Livent), sino que otras empresas, como Galaxy Lithium S.A y Minera Santa Rita S.R.L. ya gestionan los permisos para sumarse al saqueo del recurso estratégico AGUA.

El Pueblo de Antofagasta alarmado por la situación de sus territorios decidió organizarse a fines de agosto, efectuándose un corte de ruta para los vehículos de la empresa estadounidense. La medida de fuerza se suspendió luego de varias horas con el acuerdo de que el secretario de minería Rodolfo Micone iría a Antofagasta a explicar la situación. El secretario nunca cumplió con el acuerdo.

El conflicto aún no ha tenido resolución. El pueblo de Antofagasta sigue firme en que NO quiere el proyecto del acueducto del río Los Patos. Ya suficientes impactos se causaron en el río Trapiche, dejando secas a las vegas perjudicando toda forma de vida de la cuenca.

Desde PUCARÁ también decimos NO AL ACUEDUCTO DEL RÍO LOS PATOS. Repudiamos el accionar del Estado y la empresa respecto al ocultamiento de la información pública, la falta de audiencia pública, la irreponsabilidad social y ambiental que ha causado daños significativos en el ambiente y las comunidades originarias de la zona.  

Contactos: Instagram: @pucaracatamarca
Facebook: Pucará Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación

“Así quedó el paraje de Trapiche en Antofagasta de la Sierra, propiedad de la familia Condorí, a causa del USO IRRACIONAL DEL AGUA por parte de la empresa que extrae Litio, criaban más de 300 llamas y ovejas, ahora solo queda desolación, sequía, contaminación y promesas que en más de 20 AÑOS no se cumplieron. La empresa dijo que creían que estaban haciendo bien las cosas”, señala un posteo realizado por el montañista catamarqueño Aníbal Vásquez.

Gracias al video compartido, y que republicamos en esta nota (ver abajo), podemos conocer el testimonio de Camilo Condorí, quien nos habla de los efectos de 20 años de operaciones extractivas por parte de la firma estadounidense FMC en la sierra catamarqueña : el acaparamiento sistemático de agua en una zona altamente sensible y de gran valor como lo es un humedal. Es decir, el despojo de la fuente de sustento familiar y comunitario llevado al extremo.

La empresa, si bien se ha dedicado históricamente a la producción y comercialización de agrotóxicos en todo el mundo, tiene también una filial dedicada al negocio del litio. Es así que hoy, bajo el nombre de Livent, y pese a denuncias realizadas y documentadas previamente, la multinacional pretende desviar el cauce del Río Los Patos, acrecentando aún mas el daño ya provocado en el territorio.

En este sentido, la comunidad se ha organizado y ha realizado acciones directas como cortes de ruta, teniendo reuniones incluso con autoridades provinciales y representantes de Livent, denunciado un abandono de deberes del Estado Provincial y la no observación del principio de precaución y de prevención en las políticas mineras de la Provincia de Catamarca.

En palabras de la propia comunidad “RIO LOS PATOS NO SE TOCA..! ni LIVENT, ni Sta. Rita, ni Candela y ni toda aquella empresa que pretenda extraer agua dulce del río.”

Observatorio Plurinacional de Salares Andinos

Referencias:

• https://livent.com/es/company-overview/global-locations
• https://www.prnewswire.com/news-releases/el-negocio-de-litio-de-fmc-pasa-a-denominarse-livent-corporation-810183747.html
• https://ejatlas.org/conflict/salar-del-hombre-muerto-litio-argentina
• http://www.launiondigital.com.ar/noticias/140703-denuncian-contaminacion-y-alteracion-del-paisaje-por-parte-una-empresa-minera-salar